A la señora Presidenta del Colegio de la Abogacía  del Departamento Judicial La Plata, Dra.  Rosario Marcela Sánchez                                           

S./D.-

Carlos Fernando Valdez, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Honorarios Profesionales de este Colegio, me dirijo a usted, a los efectos de poner bajo su conocimiento que el Dr. O, matriculado en este Colegio (T° F° ) ha requerido la intervención de nuestra Comisión, respecto a una cuestión relacionada con honorarios profesionales en los autos “X c/ Y s/ Z”, Expte. Nº LP- xxxx-xxxx, en trámite por ante el Juzgado de Familia  Nº x del Departamento Judicial de La Plata y con intervención de la Sala x de la Cámara x de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental.

El Dr. O formuló consulta escrita por cuanto considera  que la regulación de honorarios practicada en dichos autos, resulta lesiva de sus derechos a una justa retribución profesional que emanan de la ley arancelaria vigente.

  1.    ANTECEDENTES:

El Dr. O se presenta patrocinando a su cliente en un juicio de atribución de la vivienda familiar donde también tramita la cuota alimentaria de los hijos de las partes.

Iniciado el expediente, los intervinientes logran un acuerdo que es homologado por la Señora Jueza y  se dispone, en relación a la regulación de honorarios sobre los alimentos que sea diferida para el momento que conste recibo de haberes en el expediente.

Una vez cumplido este requerimiento la Jueza determina la base regulatoria en la suma de  $681.984 y  regula los honorarios de los letrados intervinientes por cada parte en la cantidad de  13 jus a cada uno con fecha  28 de Junio de 2022. En ese momento el valor del jus era de $4.537. Por lo tanto los estipendios profesionales equivalían  a la suma de $58.981.

El Dr. O solicita la intervención de la Comisión  atento que los honorarios regulados refiere se encuentran por debajo del mínimo legal establecido por el artículo 39 de la ley 14.967 en materia de alimentos.

  1.    DICTAMEN:

1.)Al visualizar la sentencia, se advierte que la jueza de primera instancia fundamenta la regulación en el artículo 28 de la ley 14.967.

Y aquí comienza a nuestro criterio la desinterpretación de la ley arancelaria reduciéndose la cuantía de los honorarios.

El artículo 28 de la ley arancelaria hace referencia a la clasificación de los escritos a los fines regulatorios (divide las etapas en los diferentes tipos de proceso), que  debe utilizarse cuando participa más de un letrado por parte en el proceso, a fin de que los jueces puedan regular honorarios por las tareas realizadas por cada profesional;  o bien cuando existe un modo anormal de culminación del proceso (que no sea conciliación o transacción) en donde se regula en función de las etapas procesales cumplidas (conf. art. 25 primera parte de la ley 14967).

Ahora bien, en el caso de autos, el juicio terminó en una conciliación a la que arribaron las partes. En tal supuesto la Dra. R debió aplicar en conjunto los  artículos 25 y 39  de la ley 14.967. La primera de las normas establece  en su segundo párrafo: “en los supuestos de transacción y conciliación la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas”; y el monto  en este caso debe estar referido a la base regulatoria que para los procesos de  alimentos fija el artículo 39 de la ley y la escala del art. 21 de la misma norma.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de los denominados anormales de finalización del proceso, en los casos especiales de transacción y conciliación – que en realidad no deberían llamarse modos anormales como los denomina el CPCC-, el monto del juicio  estará determinado por el monto del acuerdo y la regulación total se realizará como si se tratare de un proceso con todas sus etapas cumplidas, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los supuestos de finalización anormal del proceso (desistimiento, allanamiento y caducidad) lo cual surge claramente del texto del art. 25 LHP.

Se premia así la voluntad negocial de los letrados que han puesto fin al proceso judicial y han logrado autocomponer el conflicto.

2.)Entonces cabe concluir en este punto que la regulación de honorarios del Dr. P (abogado de la contraparte) y del Dr. O fue fraccionada y limitada considerando las etapas cumplidas y no sobre la base del art. 25 segunda parte de la ley 14967 que para la conciliación y a los fines regulatorios se considera como si se tratara de un proceso con todas las etapas cumplidas como se indicó. Este fraccionamiento indebido del proceso y de la retribución lleva la regulación por debajo del mínimo de  la escala legal.

Hagamos las cuentas: La base regulatoria se determinó en $681.984. Según el artículo 39 de la ley 14.967 sobre este monto se aplica la escala del 10 al 25% (conf. art. 21 LHP). Entonces la regulación mínima de honorarios debió haber sido de $68.198,4 -15 jus- y la máxima de $170.496 -37,57 jus-. En cambio la Dra. R reguló 13 jus (cuando el jus aún costaba $4.537) esto es en pesos igual a $58.981. Por lo tanto se reguló el 8,64 % violando el mínimo legal del piso del 10% sin causa que lo justifique.

3.)La importancia  de lograr acuerdos para no prolongar la duración de los procesos, con particular relevancia en los procesos de familia. Tiene muchas veces dicho esta Comisión, que en los casos de familia, los operadores jurídicos debemos particularmente abogar por la paz social, desescalando en el conflicto de origen familiar, acompañando a las personas a tener un mejor diálogo. Es por esto, que en la etapa previa de familia y aún cuando se está transitando el juicio los y las letradas hacen  enormes esfuerzos para que las personas involucradas en el conflicto pongan fin al mismo.

En el análisis de la cuestión, parece que conforme el razonamiento de etapas cumplidas que trasunta el auto regulatorio,  el honorario sería mayor si se arriba a una sentencia que si se autocompone en una conciliación en una etapa previa del proceso. Ello, no  es más que una manera de desalentar los múltiples esfuerzos y la tarea destacable de los letrados para lograr acuerdos en el fuero de familia.

Incluso la jueza hace mención a “la labor desplegada por los letrados en pos de la solución del conflicto familiar de las partes, tendientes a su pronta resolución evitando así situaciones litigiosas en lo futuro que redunden en un perjuicio de la paz y armonía que debe regir en todo grupo de afectos familiares”. Pero sin embargo tal loable conducta de los letrados es castigada con la reducción de los  honorarios profesionales por debajo de los mínimos legales.

4.) Cabe mencionar que el Dr. O apeló la regulación de honorarios y que la Cámara xx Civil y Comercial Departamentoa Sala X confirman la sentencia de primera instancia alegando “Que el honorario mínimo que establece el artículo 39 de la ley 14.967 es por la tramitación completa de un proceso…” inaplicando  el artículo 25 de la ley 14.967 que juega armónicamente  al que ni siquiera hacen mención. Es decir que para la Alzada, con igual razonamiento que la jueza de grado, se da la paradoja que cuanto más proceso judicial mas honorarios y que en la conciliación donde se autocompone y se da una solución al conflicto  se fraccionan los honorarios y se determinan solo por etapas cumplidas.

5.)También siempre señalamos, como en otros casos de violación de mínimos legales,  que no debe olvidar el intérprete judicial  las circunstancias que llevaron a la sanción de la ley 14967.

La Exposición de Motivos de la sanción de la ley  ha señalado expresamente que se debe «…evitar interpretaciones que han llevado a establecer remuneraciones tan ínfimas que afectan gravemente el decoro y la dignidad de los abogados..». Y que «…Las limitaciones establecidas a la discrecionalidad judicial obedecen a la necesidad de preservar el carácter tuitivo del régimen arancelario evitando que las insuficientes retribuciones que constituyen moneda corriente atenten contra la independencia de la actuación de los abogados, preserven la dignidad del trabajo profesional y salvaguarden el normal desenvolvimiento de los Colegios y la Caja de Previsión Social para Abogados, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 40 y 41 de la Constitución Provincial…».

Es de recordar que los honorarios mínimos están directamente vinculados al orden público arancelario. La ley 14967 se reivindica a sí misma (art. 1) como una norma de orden público en función de la necesaria participación del abogado/a en el servicio de justicia.

De tal forma la retribución profesional tiene también otro ángulo que no se relaciona con los intereses patrimoniales del  letrado/a  garantizados en los principios de justa retribución, carácter alimentario y derecho de propiedad (arts. 1 y 10 de la ley 14967), sino que tiene que ver con la dignidad, el decoro y la probidad que se requiere para el ejercicio profesional de la actividad  por estar interesado el Estado en la adecuada prestación del servicio de justicia.

Es conveniente aclarar, también,  sobre la extensión y sentido con que se debe interpretar el concepto de «dignidad en el ejercicio de la profesión». Según la definición que se encuentra en los diccionarios, “digno” es el que merece algo, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa. A contrario sensu, podríamos considerar que un acto es opuesto a la dignidad de determinada persona cuando el mismo la desmerece, la desprecia o le resta mérito a su verdadero valor.

Con respecto a la tarea profesional y el reconocimiento de su tarea frente a un proceso, el abogado/a, en condiciones normales de vida, es una trabajadora o trabajador que requiere de medios patrimoniales para subsistir y para sostener a los miembros de su familia que dependen de sus ingresos.

Si su actividad laboral se sustenta en el ejercicio liberal de su profesión, debe ser equitativa la remuneración de sus servicios, pues, de otra manera, no podría continuar en el ejercicio profesional de su función.

El letrado/a tiene la obligación legal, social y moral de pagar alimentos y no podría cumplir con sus obligaciones si careciera de sus honorarios los cuales resultan ser su medio de sustento y el de su familia. Es fundamental para los abogados y abogadas, proveerse de los recursos necesarios para ejercer su labor en condiciones de igualdad, independencia económica y decoro profesional,  en el ejercicio de su trabajo intelectual. Una regulación como la cuestionada no ayuda a esos fines.

6.) No puede finalmente dejar de recordarse que en el derecho al honorario están involucrados normas legales como la ley 14967, la ley 6716, la ley 5177, el art. 1255 del CCYC, Normas de Etica Profesional y derechos constitucionales  como los arts. 14, 14bis,  17, 18 de la CN y 11,12, 15, 27,  31, 40 y 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Y no debe olvidarse que para el letrado,  en defensa de los principios legales y constitucionales arriba citados, la violación de la ley arancelaria constituye una violación disciplinaria (arts. 25 de la ley 5177 y 33 de las Normas de Etica Profesional).

Se sugiere al  Consejo Directivo:

– hacer conocer al Dr. O lo dictaminado por esta Comisión.

– dar intervención al  Observatorio de la Ley 14.967.

– cursar  nota al Juzgado de Familia Nº x de La Plata y a la Sala x de la Cámara x de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental para hacer conocer lo dictaminado por esta Comisión si resulta aprobado por el Consejo Directivo.

– dar publicidad institucional al dictamen.

Sin otro particular, la saludo a Usted muy atentamente. Fdo.  Carlos Fernando Valdez. Presidente y  Sandra Gianatti Secretaria